Artículo de Mónica Oltra para Público.
Desde hace semanas el noventa por ciento de las noticias políticas que se publican tienen que ver con casos de corrupción. Hechos de ayer convenientemente ordenados y envasados para el consumo masivo. Puestos los altavoces y silenciadores, claro está, a conveniencia del consejo de administración. Y así, indignados con la perfidia de los políticos –ya se sabe que todos son iguales-, sesgados porque se nos invisibiliza al otro gran actor de la corrupción, el corrompedor y entretenidos con los saqueos de ayer, igual perdemos de vista los saqueos de hoy. Ese saqueo que ahora mismo está teniendo lugar, silencioso, constante, sostenido.
Las condiciones óptimas para que se dé un caso de desvío de dinero público es la acumulación de mucho capital en poco tiempo. Por eso no es de extrañar que los tres ejes de la corrupción en nuestro país hayan sido la especulación urbanística, grandes obras y eventos y la gestión de residuos. En todos estos casos se da la circunstancia de adjudicaciones millonarias para un tiempo muy corto de gestión. Ahora bien, si la posibilidad del pelotazo urbanístico se pinchó junto con la burbuja inmobiliaria, la posibilidad de engatusar a los ciudadanos con grandes eventos y obras faraónicas se hizo el harakiri con la austeridad letal y el mercado de las basuras no da abasto –no pretende ser una metáfora, esto- para tanto dinero ansioso por volver de sus paradisíacos lugares y ponerse al servicio del saqueo ¿qué posibilidad queda?
Efectivamente, ese inmenso, poco explotado y enormemente lucrativo negocio de la salud o de la enfermedad de las personas, según como se mire. Y mira por dónde: unos movimientos de capital, un rescate bancario, una amnistía fiscal y unos cuantos eufemismos después, ya tenemos listos para atacar a los depredadores que desde hace años planean su asalto a la sanidad pública. Uno de los mejores modelos del mundo, unas plantillas de profesionales magníficas, un sistema que da la seguridad a ricos y pobres de igualarlos en la salud y en la enfermedad, o al menos de garantizar la igualdad de tratamiento y de trato, en peligro de ser devorado.
No es casual que lo que antes eran constructoras y promotoras, ahora inviertan en empresas de seguros sanitarios o empresas de gestión sanitaria. No es casual que los recortes en la sanidad pública se produzcan con la misma intensidad con la que crecen las llamadas telefónicas a las casas de los ciudadanos ofreciendo seguros médicos privados, donde antes se ofrecían tarifas telefónicas. Ni es casual que algunos políticos que han gestionado la sanidad pública acaben en consejos de administración o vendiendo por precios astronómicos su participación accionarial a grandes empresas de la sanidad privada, que antes fueron adjudicatarias de suculentas privatizaciones, perdón, externalizaciones. ¿En qué estaría yo pensando?
Da igual que las cifras contradigan el discurso oficial de que la gestión privada es más eficiente. No importa que la sanidad del mundo más privatizada –la de Estados Unidos- sea a su vez la más cara, según datos de la OCDE. No importa que la falta de plantilla redunde en perjuicio del paciente, ni que el dinero que la empresa se lleva de beneficio se recorte del presupuesto de la sanidad pública. Y tampoco importa saber las verdaderas cifras, por eso se ocultan. Se ocultan las triquiñuelas de las empresas para cobrar de pacientes que no son de su área, se ocultan las cifras comparativas entre la sanidad de gestión pública y privada, se oculta el envío de pacientes graves a hospitales de gestión pública o índices de calidad asistencial objetivos. Se ocultan porque los políticos privatizadores ya saben el resultado de antemano. Y porque además, el resultado que les importa es el de cuentas y balances de la empresa que les va a agradecer sus servicios.
Para las empresas es un negocio redondo con un pagador seguro. Cuando no ganan lo que pensaban ganar, cierran plantas, se deshacen de personal, extorsionan a la administración, piden un rescate… ¿Quién va a dejar caer un hospital? Al menos por ahora. Fijan los precios, roban pacientes, se deshacen de los desahuciados, crónicos, difíciles, en realidad no son pacientes, ni siquiera clientes – al cliente se le quiere tener contento-, simplemente son una variable más para una buena cuenta de resultados, al mismo nivel que el precio de las gasas y los contrastes.
Nuestra comunidad autónoma fue pionera en los experimentos de la privatización de la sanidad pública. Empezó con la privatización de la gestión del hospital y el área de la Ribera hace más de diez años. Lamentablemente en aquel momento no hubo la masiva movilización del personal sanitario y de los ciudadanos que se ha dado en Madrid. Después vinieron otros hospitales, otras áreas, otros servicios, hasta el anuncio de la privatización de toda la gestión sanitaria que hizo el Vicepresidente Císcar el 27 de abril de 2012.
Ahora se han quitado definitivamente la careta nombrando Consejero de Sanidad a un hombre que viene directamente de dirigir la gestión de una empresa sanitaria privada. Poderoso símbolo de sus intenciones.
Y aunque hoy las tertulias hablen de la peineta de Bárcenas el saqueo continúa. La estrategia a corto y largo plazo es clara. Hoy privatizar, saquear y devaluar la calidad asistencial de la red sanitaria pública. Como consecuencia promocionar el aseguramiento privado de aquellos que todavía se lo puedan permitir. Finalmente, lanzar a los ciudadanos la siguiente idea: si tienes que pagarte un seguro privado ¿por qué tienes que pagar para sostener una sanidad pública de la que no eres usuario? Y entonces habremos llegado a esa sociedad que preconiza la FAES, dividida entre meritorios ganadores y perdedores indefectibles. ¿Es eso lo que queremos? ¿Nos defendemos?
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