El juicio contra el ERE en Canal 9 está visto para sentencia. Ante el Tribunal Superior de Justicia, antiguos y actuales directivos de la radiotelevisión pública valenciana han ofrecido todo tipo de explicaciones para justificar la necesidad de los despidos y la manera de ejecutarlos. No parecen haber sido demasiado convincentes: los cuatro demandantes, uno de los demandados y el ministerio fiscal, piden la nulidad del ERE.
Es poco habitual que la fiscalía se pronuncie respecto a la legalidad o no de un expediente de regulación de empleo. Pero en este caso lo ha hecho. Y lo ha hecho con el argumento de que se ha producido una ‘posible y concreta vulneración de los derechos fundamentales’ (vídeo aquí). Básicamente el fiscal dice que se han alterado las listas de afectados con criterios subjetivos, que la empresa ocultó información a los sindicatos durante el período de consultas y que hay falta de fiabilidad en el informe de PricewaterhouseCoopers que sirvió de referencia para ejecutar el ERE.
Son tres argumentos que dinamitan el proceso de principio a fin: las carencias del informe PwC invalidarían el propio diseño inicial del proceso, la ocultación de información a la parte social invalidaría el período de consulta y los cambios subjetivos en la lista de afectados invalidarían la ejecución del expediente... ¿Qué quiere decir esto? Pues que el fiscal considera que el expediente de regulación de empleo que ha desmantelado la radiotelevisión pública valenciana está plagado de irregularidades.
En unas semanas hablará el Tribunal y dictará sentencia. Entonces sabremos si el ERE es legal, si es improcedente o si es nulo. Son las tres opciones que hay.
Más allá de la sentencia y sus consecuencias posteriores, aunque parezca increíble, lo verdaderamente importante del juicio ha sido otra cosa. Las declaraciones ante el tribunal de directivos y exdirectivos de Canal 9 han demostrado que son absolutamente ciertos los gravísimos hechos que desde hace años denunciaban los trabajadores (algunos), el comité de empresa, los partidos de la oposición, medios de comunicación (algunos) y una parte de la sociedad civil.
En su afán por justificar el ERE, los abogados que defienden la legalidad del proceso han declarado ante el Tribunal que en los últimos años la plantilla de RTVV casi se triplicó y la audiencia cayó un 400%. También han dicho que la situación económica ‘no era negativa, sino desastrosa’. Han hablado de una deuda financiera de 1.126 millones de euros, otra de 200 millones con proveedores… y que había ‘un desastre sistémico en las cuentas’. Ninguna novedad, hace años que mucha gente denuncia el desastre y el PP lo negaba con arrogancia.
La actual directora general y presidenta de RTVV, SAU, Rosa Vidal, ha asegurado ante el tribunal que era necesario cambiar la gestión. Según su declaración, antes de su llegada había empleados que no iban a trabajar (y se permitía), la anterior dirección pagaba 500 mil euros al año aAbertis por un servicio que podía asumir la propia casa con una inversión total de 400 mil euros (lo que ahorraría 100.000 euros el primer año y 500.000 a partir del segundo), se trabajaba con sistemas técnicos anticuados que ya no admitía la FORTA (y que han obligado a hacer un leasing para disponer de equipos actualizados), decidió revisar y alteró la lista de afectados por el ERE porque había algunos errores, etc. Poca novedad, hace tiempo que se advertían estas cosas y el PP las negaba con arrogancia.
José López Jaraba, el director general de RTVV que puso en marcha el expediente de regulación, ha explicado el verdadero origen de esta historia: ‘El ERE fue un encargo político’. Jaraba ha declarado ante el Tribunal que el Consell ‘tomó la determinación de llevar a cabo un plan de reestructuración muy agresivo’. Confirma así algo que hace tiempo que se denuncia y el PP negaba con arrogancia.
Y hay mucho más. Si repasamos la prensa de estos días veremos que se habla de ‘chapuza’ que deja en evidencia ‘discrepancias y rencores’ entre los directivos que han pasado por la radiotelevisión pública; se habla de una ‘herencia letal’ que ‘pone contra las cuerdas a la Generalitat’; se habla de ‘caos’… Incluso, coincidiendo con el juicio, se ha publicado que en los últimos años RTVV ha perdido más de 200 millones de euros por la nefasta gestión de los derechos del fútbol. Ingentes cantidades de dinero público que se han desviado a los clubes valencianos para pagar sueldos multimillonarios, viajes, comidas y a saber qué más.
Así son las cosas. El juicio ha sido un nido de víboras en el que cada cual quería salvar su culo. Y para ello no han dudado en presentar una situación apocalíptica de la que, curiosamente, sólo ellos son responsables. Porque sólo el PP, el Consell y las sucesivas direcciones generales de RTVV y RTVV, SAU han gestionado la radiotelevisión pública valenciana. Ahora que ellos mismos ponen sobre la mesa buena parte de las vergüenzas que han negado durante años, harán bien en explicar cómo y por qué hemos llegado hasta aquí.
Y ante todo esto, ¿qué dicen los extrabajadores? Hay un twit del periodista Julià Álvaro que resume perfectamente las sensaciones de las víctimas del ERE:
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